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El Canal de Denuncias como parte crítica de un programa de Cumplimiento Laboral y Penal

Administrador E+E — Wed, 24 Nov 2021 17:23:48 +0000

La obligación de las empresas

Es obligación de las empresas difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre los “mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral”. Pero ¿Cuáles son estos mecanismos?, y ¿cómo su adecuada implementación puede no solo contribuir a un entorno organizacional favorable?, sino también ser parte integral del programa de Cumplimiento laboral y de responsabilidad penal de la empresa (persona jurídica).

El marco jurídico

Para comenzar con este análisis es importante destacar los pilares legales de un programa de Cumplimiento laboral efectivo: (i) la normatividad, que parte de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo (LFT), el artículo 55:II del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la y más recientemente, la Norma Oficial Mexicana 035 (NOM 035), (ii) la responsabilidad penal de la persona jurídica, que nace ante las reformas de 2016 del Código Penal Federal (CPF) y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y por último, (iii) la ética, que construye sobre lo vinculante y da vida a las mejores prácticas, para una efectiva mitigación de riesgos.

Conocer nuestras obligaciones jurídicas es el fundamento para el nacimiento de un programa de Cumplimiento laboral y reducir riesgos. En esta fase se encuentra identificar desde nuestra Carta Magna, tratados internacionales, leyes federales y estatales, hasta guías y orientaciones que sean aplicables a nuestra organización, aquello que no podemos pasar por alto, simplemente por que así se encuentra dispuesto en la normatividad, y el no cumplimiento podría traer consecuencias como multas, amonestaciones, planes de remediación, vinculación a proceso criminal de la persona jurídica (empresa) e incluso su extinción.

123 consagra el derecho a tener un “trabajo digno y socialmente útil”. La LFT en sus artículos 2 y 3 establece el objeto de propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Pero, ¿Qué se entiende por un trabajo digno?

La LFT en su Art. 2 lo define de la siguiente manera:
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

La NOM 035

El 23 de octubre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención (NOM 035), la cual tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

La NOM 035 no llega sin retos. A tan solo dos años de su publicación en el DOF, las empresas en México fueron azotadas por la pandemia de Covid-19, la cual, entre otros retos, obligó a las personas jurídicas que mantienen relaciones laborales con sus trabajadores a:

Implementar los protocolos de salud, emitidos por las autoridades federales y locales, para prevenir la propagación de la Covid-19.
Migrar gran parte de su fuerza laboral a entornos digitales temporales, o
El conocido como teletrabajo para casos de trabajos especiales.
Identificar nuevos riesgos psicosociales derivados de estos cambios
Adoptar nuevas estrategias para fomentar un sentido de pertenencia a la organización.
Confiar en la madurez de su programa de Cumplimiento para la disuasión de malas prácticas y conductas antijurídicas en ambientes con poca o nula supervisión.
Instaurar, fomentar y consolidar una cultura de ética e integridad.

Conductas opuestas al entorno organizacional favorable y violencia laboral

¿Qué prácticas podrían considerarse opuestas al entorno organizacional favorable, y cuáles son los actos de violencia laboral?

De acuerdo al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en su Artículo 3, fracciones XI y XXXV:

Entorno Organizacional Favorable: Aquél en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización; la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares, y la Evaluación y el Reconocimiento del desempeño;

Violencia Laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud.

Las principales dos categorías incluyen:

El acoso sexual, incluyendo el chantaje y el acoso sexual ambiental.
Violencia psicológica, como el acoso, las amenazas y la intimidación.
Jornadas de trabajo extensas, sin la remuneración correspondiente e incluso contrarias a lo estipulado por la LFT.
Condiciones de trabajo precarias e incluso inhumanas.

Aunado a estas prácticas que afectan el entorno organizacional favorable, también podemos destacar que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país del mundo que más trabaja, ya que el promedio anual de horas trabajadas asciende a 2,124 para 2020, cuando la media es de 1,760

En el ámbito de la igualdad de género y el combate al acoso

En el ámbito de la igualdad de género y el combate al acoso, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron han experimentado algún acto violento en el ámbito laboral, sumándose a los problemas de discriminación, acoso, hostigamiento sexual y acoso laboral.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF), en México, el miedo al desempleo junto con débiles leyes laborales se traduce en que una semana laboral máxima de 48 horas rara vez se respete. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) espera que la tasa de desempleo de LATAM suba a 11.5%, con 37.7 millones de personas sin trabajo; la peor crisis económica de la historia moderna, una caída que no se veía desde el periodo de 1914 a 1930, lo que suma a la aceptación de jornadas de trabajo más extensas y falta de condiciones adecuadas para el trabajo.

¿Por qué un Canal de Denuncias?

Como vemos, hay un sin fin de necesidades de comunicación de los colaboradores hacia la empresa en caso de que estas condiciones de trabajo no se den, y es muy importante para la empresa conocerlas para no caer en situaciones de incumplimiento conocerlas ante este panorama idóneo para la materialización de riesgos, delitos penales y amenazas psicosociales, la empresa no puede permanecer indiferente. Por ello, el artículo 55 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su fracción II, lo siguiente: “Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al Entorno Organizacional Favorable y para denunciar actos de Violencia Laboral;” pero ¿qué es un mecanismo seguro y confidencial?

Primero hay que entender la diferencia entre un canal de denuncia y un sistema de denuncias, no es una diferencia semántica, tan es así, que la nueva ISO 37002:2021, se refiere a un “Sistema de Gestión de Denuncias”.

Un sistema de denuncias debe de cumplir con varios elementos, entre otros:

Canales de comunicación
Procesos y protocolos que aseguren una correcta gestión, que incluye la confidencialidad
Documentación y evidencia

Un canal de denuncia que no comprenda todos los elementos anteriores, y lamentablemente es común pensar que con tener un correo o una línea para recibir quejas es suficiente, puede representar un gran riesgo para la empresa, en caso de vinculación a proceso de la persona jurídica (empresa), por cualquiera de las conductas contempladas en el Art. 11 bis, sólo un canal de denuncias debidamente documentado, implementado y ejecutado, podría servir como atenuante de la pena, por su naturaleza del debido control.

Pero más allá del cumplimiento normativo, un sistema de denuncia debe estar fundado en la confianza, y esa solo se logra promoviendo una cultura de denuncia “Speak Up” con acciones que la promuevan, demostrando a los emplead@s el interés genuino de la empresa por escucharl@s y atender las denuncia de buena fe que se puedan sustanciar de manera confidencial, objetiva y consistente, y haciéndolo saber periódicamente.

Una Empresa Ética reconoce y valora el vínculo entre empleados felices y motivados, y la productividad y permanencia en la empresa, que a su vez fortalece el “Employment Branding”.

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal del Trabajo
Código Penal Federal
Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo
Organización Internacional del Trabajo
Foro Económico Mundial
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Por Fernando Sentíes
Embajador de la Ética Organizacional en LATAM

Por Daniel Medina
Consejero Legal, Ética y Cumplimiento

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¿Corrupción o falta de ética? La boda del Dr. Santiago Nieto

Administrador E+E — Thu, 11 Nov 2021 16:51:47 +0000

Por Fernando Sentíes
Embajador de la Ética Organizacional en LATAM

¿Recuerda la trillada frase “la mafia del poder” que criticaba tanto el presidente López Obrador? Sin duda, nos remite a la corrupción, al hambre mutua de poder, por un lado, el poder político por parte de los empresarios, y por el otro, el deseo del poder económico de parte de los servidores públicos. AMLO decía que se iba a separar el poder político del poder económico.

Los Intocables

Esto nos recuerda la boda de la hija de Juan Collado, donde compartió con invitados como el ex-presidente Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, y un grupo de políticos y empresarios a quienes se les denominó “Los Intocables”.

Hoy en día parece que esto sigue sucediendo, muestra de ello es el viaje a la boda del Dr. Santiago Nieto, con Carla Humphrey, en Guatemala, la cuál reveló que funcionarios públicos viajaban en un avión privado rentado, presuntamente por un empresario, y en el que se descubrió una maleta con $35,000.00 Dólares en efectivo que no se declararon, esto en sí mismo genera muchas dudas y sospechas, como: ¿De dónde salió el dinero para una boda tan suntuosa con 300 invitados?, ¿Por qué llevaban $35,000.00 dólares en efectivo?, ¿de quién era y de dónde salió el dinero?, ya vimos algunos de los efectos en el campo de lo político y lo mediático, pero hay otros temas, temas de legalidad que deberían tener preocupados a varios y que apenas se irán desahogando.

¿Qué posibles implicaciones puede tener esto?

Veremos qué resultados dan las investigaciones, aquí algunas posibles líneas.

No es ilegal transportar dinero, ni poco común para un empresario viajar con tanto dinero, pero no declararlo, sí lo es. Aunque el empresario decía que iba a ir a EU, para recibir atención médica, y aún suponiendo que esto fuera cierto, no lo exime de la obligación de declarar el dinero. Además genera sospechas el hecho de que fuera en siete sobres iguales con cinco mil dólares cada uno y que originalmente se habían acreditado a la ex-secretaria de turismo Paola Félix Díaz, y posteriormente el empresario dijo que eran suyos.

Ya sea que se investigue en Guatemala, donde se consumó el acto, o en México, en caso de que se abrogara y atrajera el caso dado que es en México en donde se inició el caso.

La Ley Guatemalteca Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Decreto número 67-2001, a la letra dice:

“ARTÍCULO 25. Declaración. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que transporte del o hacia el exterior de la República, por sí misma, o por interpósita persona, dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, deberá reportarlo en el puerto de salida o de entrada del país en los formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial. La autoridad competente podrá verificar la información proporcionada en la declaración jurada contenida en el formulario a que se refiere el párrafo anterior. En caso de existir omisión de la declaración o falsedad de la misma, el dinero o los documentos relacionados serán incautados y puestos a disposición de las autoridades para el proceso de investigación penal.”

¿Que tiene que decir al respecto el SAT?

En México, en la página del SAT, en relación a la declaración de dinero en los puertos de entrada o salida del país, existe una nota que dice:

“En caso de responder que traes más de 10,000 dólares en alguna de estas declaraciones, debes llenar además la Declaración de Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo o Documentos por Cobrar.

NOTA: Si no lo declaras, serás acreedor a una multa del 20% al 40% sobre la cantidad que exceda a los 10 mil dólares. Si la cantidad que no declaraste es mayor a 30 mil dólares americanos, serás sancionado con una pena de 3 meses a 6 años de prisión y el excedente pasará a ser propiedad del fisco federal, salvo que se demuestre el origen lícito de los recursos. En caso de no acreditarse su legítima procedencia, además puedes alcanzar una pena de 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 días de multa, por considerarse una operación con recursos de procedencia ilegal.”

Involucrados en cohecho

Por otro lado, la posibilidad de que algún(@s) funcionari(@s) públicos se hayan involucrado en cohecho, que se considera una falta grave según el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y como un delito, contemplado en el artículo 222 del Código Penal Federal. Por otro lado, desde el punto de vista del empresario, y en su caso, la empresa.

Se confirmó que funcionarios públicos, entre ellos la ex-secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, viajaron en un avión rentado por el empresario Juan Francisco Ealey Ortíz, propietario del periódico “El Universal”, y que ha sido tachado de adversario de la 4T. Esto en sí mismo presenta cuando menos dudas de si se configura la falta grave de cohecho o soborno consagradas en la LGRA y el CFPP.

“Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.”

El escándalo ha traído a la luz al el periódico “El Universal”

Finalmente, el escándalo ha traído a la luz a la empresa de Juan Francisco Ealy Ortíz, el periódico “El Universal” y dependiendo de las circunstancias y de dónde salieron los recursos, podría tener implicaciones legales para la empresa. No sabremos la respuestas a muchas de estas preguntas, y que determinarán las líneas de investigación, hasta que avancen las mismas, ya sea en Guatemala, o en México.

De acuerdo con el Lic. Gabriel Calvillo, responsable de la práctica de cumplimiento de la firma Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes. Partiendo de que jurídicamente hay una presunción de inocencia de las personas, y que no se ha acusado a nadie aún a nadie de haber cometido delito alguno. podría tener implicaciones para la empresa. Si se usaron recursos de la empresa, tanto para la renta del avión, como para llevar los $35,000.00 dólares en efectivo, podría tener implicaciones y responsabilidad tanto administrativa, como penal para la empresa.

Por otro lado, los cambios generados por esta coyuntura en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pueden dar lugar a modificaciones de políticas y retrocesos en lo que se había logrado en el tema de lavado de dinero, pues el Dr. Nieto es una persona formada de manera técnica en el tema de combate a la corrupción y prevención de lavado de dinero, y había trabajado mucho con la CNBV, en la certificación principalmente de entidades financieras, para la formación de Oficiales de Cumplimiento y acciones para la prevención de lavado de dinero. Con la entrada del nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, que ha sido un político cercano al presidente, pero que carece conocimiento técnico del tema, el enfoque de la Unidad de Inteligencia Financiera podría volverse más político que técnico y representar un retroceso en el avance que se había logrado.

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